En los últimos años ha ido consolidándose en Chile un tipo de institución pública muy particular, el de los entes autónomos administrados por autoridades políticamente representativas. El ejemplo por antonomasia es el del Banco Central, cuya ley orgánica consagró su independencia en 1989 con el mandato por parte del legislador de abocarse a conseguir la estabilidad de precios, tarea escurridiza y aparentemente inalcanzable en un país marcado durante gran parte del siglo XX por una altísima inflación. Pero el nuevo Banco Central lo logró, en un plazo de diez años, adquiriendo por ello una gran reputación institucional.
Tal reputación no fue sólo a la institución misma, sino al arreglo institucional que permitió al Banco Central ser exitoso: autonomía a cargo de técnicos que den garantías a todos los sectores políticos. El primer Consejo del Banco Central, que es su órgano decisor y que está compuesto por cinco miembros, fue negociado en 1989 entre el saliente gobierno militar y el entrante gobierno de Patricio Alwyn, en un arreglo que consideró a dos técnicos simpatizantes del sector político entonces en el poder, a otros dos técnicos de las filas de la Concertación y a un presidente escogido de común acuerdo e independiente políticamente. Después que este último, el economista Andrés Bianchi, dejara su puesto en diciembre de 1991, el arreglo se alteró en orden a que tres de los consejeros debían ser cercanos a la coalición de turno en el gobierno y dos a los postulados de la oposición, reflejando de alguna manera la correlación de fuerzas de las dos grandes coaliciones que han dominado la escena política desde entonces. » Lee el resto del Post «

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