En los últimos años ha ido consolidándose en Chile un tipo de institución pública muy particular, el de los entes autónomos administrados por autoridades políticamente representativas. El ejemplo por antonomasia es el del Banco Central, cuya ley orgánica consagró su independencia en 1989 con el mandato por parte del legislador de abocarse a conseguir la estabilidad de precios, tarea escurridiza y aparentemente inalcanzable en un país marcado durante gran parte del siglo XX por una altísima inflación. Pero el nuevo Banco Central lo logró, en un plazo de diez años, adquiriendo por ello una gran reputación institucional.
Tal reputación no fue sólo a la institución misma, sino al arreglo institucional que permitió al Banco Central ser exitoso: autonomía a cargo de técnicos que den garantías a todos los sectores políticos. El primer Consejo del Banco Central, que es su órgano decisor y que está compuesto por cinco miembros, fue negociado en 1989 entre el saliente gobierno militar y el entrante gobierno de Patricio Alwyn, en un arreglo que consideró a dos técnicos simpatizantes del sector político entonces en el poder, a otros dos técnicos de las filas de la Concertación y a un presidente escogido de común acuerdo e independiente políticamente. Después que este último, el economista Andrés Bianchi, dejara su puesto en diciembre de 1991, el arreglo se alteró en orden a que tres de los consejeros debían ser cercanos a la coalición de turno en el gobierno y dos a los postulados de la oposición, reflejando de alguna manera la correlación de fuerzas de las dos grandes coaliciones que han dominado la escena política desde entonces. » Lee el resto del Post «
La Concertación siempre se sintió algo violentada por el término “desalojo” acuñado por el senador Allamand. Aun cuando el citado senador básicamente se refería a la necesidad de un cambio en la administración del Estado, citando la incompetencia de la actual coalición gobernante en algunas materias y variados casos de corrupción, lo cierto es que el uso de la palabra “desalojo” causó escozor en las huestes gobiernistas por su dureza. 
Algunos se preparaban para celebrar ante la expectativa de derrotar a Pinochet en el plebiscito de 1988, mientras otros, al mismo tiempo, auguraban un retroceso para Chile de proporciones astronómicas frente al mismo escenario.
Hay algunos temas novedosos que han salido a flote en la campaña electoral que recién culmina. Dos de ellos merecen una reflexión El primero de ellos es la disputa por el término progresista. Con el afán de concitar los votos de quienes manifestaron su preferencia por Marco Enríquez y Jorge Arrate en primera vuelta, la candidatura de Eduardo Frei ha planteado con fuerza la idea de una alianza progresista en oposición a lo que representa Sebastián Piñera. 
Es posible que esta frase la haya Ud. escuchado ya en otra parte, a propósito de la segunda vuelta electoral a realizarse el 17 de enero. Y seguramente la fuente es el comando del senador Frei. A título estrictamente personal – es decir, sin involucrar para nada a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile – quiero argumentar que la frase es totalmente correcta: es imprescindible, por el bien de Chile, que el ganador sea Sebastián Piñera. Le voy a explicar por qué creo esto. 
En lo medular, el programa económico de Sebastián Piñera orienta sus propuestas hacia la consecución de un gran objetivo, que es colocar a Chile en el club de los países desarrollados para el bicentenario de la instauración de la República, el año 2018. Dicho status se lograría con un PIB per cápita de US$ 22.000, cifra equivalente a la que presenta Portugal en la actualidad. Pero ser desarrollado no significa solamente alcanzar un nivel dado de ingreso per cápita. También involucra eliminar la pobreza y la indigencia (tal como se miden hoy), lo que se consigue a partir del crecimiento económico, la consiguiente creación de empleos (un millón de plazas desde el próximo año hasta el 2015), una adecuada política de capacitación laboral y una potenciada política social. 
El gobierno anunció hace unos días que proponía al país un proyecto de ley de presupuesto 2010 elaborado con el fin de apoyar la recuperación económica supuestamente en marcha. Un análisis somero de las cifras indica, sin embargo, que se trata más bien de un presupuesto innecesaria y peligrosamente contractivo. 
No, no se equivoque. Esto no lo sostengo yo. Es más bien la frase que el senador Eduardo Frei utilizó majaderamente durante el pasado debate presidencial. Con esto quiso apelar al sentimiento del ciudadano común que observa, a nivel global, que el mundo casi colapsó el año pasado por una crisis financiera que mostró el lado oscuro de la codicia humana y la carencia de regulaciones adecuadas y reguladores eficaces. El mismo ciudadano común, a nivel local, ha sido bombardeado con noticias que dan cuenta también de fallas de mercado, verdaderas o aparentes, que las siente cerca, como por ejemplo la alegada colusión de las cadenas farmacéuticas o las mayores dificultades puestas por los bancos para otorgar créditos. 
Sólo para mantenerlos al día, voy a publicar mi respuesta a la “contrarrespuesta” que en su columna del domingo pasado, el economista y consultor esporádico del gobierno, Eduardo Engel escribió en contra del suscrito. Tanto su reacción, en dos columnas consecutivas, como la del subsecretario de OOPP, Sr. Saldivia, en cartas enviadas a otro matutino, responden a una frase que apareció en una columna mía hace más de un mes sobre cómo el Grupo Tantauco piensa abordar los desafíos de infraestructura.