Un abrazo y espero seguir recibiendo de ustedes opiniones constructivas en el Blog.

Nos vemos muy  pronto.

Felipe

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Ha sido el propio Piñera quien ha planteado reeditar la democracia de los acuerdos, de fecundos resultados en la gestión de Patricio Aylwin a comienzos de los 90s, y que justamente se basó en la buena voluntad del gobierno y la oposición de la época para facilitar la transición hacia la normalidad de las instituciones democráticas. Esta apelación del presidente electo, claro, tiene dos dimensiones. Por de pronto, la primera de ellas es práctica: su gobierno no tendrá mayoría en el Congreso y, en consecuencia, se precisa de acuerdos con la futura oposición para sacar adelante proyectos de ley. A esto hay que agregar que se requiere de muchos profesionales y técnicos competentes y honestos en la administración pública y necesariamente varios de ellos serán partidarios de la Concertación, por su experiencia y conocimiento del aparato del Estado después de veinte años en el poder.

Pero la segunda razón, más importante, es que hay un espacio objetivo para los acuerdos en muchas de las propuestas emblemáticas de Sebastián Piñera por el simple hecho que, con variantes, propuestas similares o con la misma inspiración se encontraban en el programa de gobierno de Eduardo Frei. Por ejemplo, ambos programas coincidían en el diagnóstico básico en cuanto a que, para retomar la ruta del crecimiento perdido, es imprescindible remontar la caída en la productividad agregada observada en los últimos diez años y que, para ello, se requiere fomentar el emprendimiento, la innovación, la calidad de la educación y la inversión, así como modernizar la gestión del Estado. Tanto Piñera como Frei proponían una reforma al Ministerio de Economía, ambos con el propósito de enfocarlo, más empoderado, en temas de emprendimiento e innovación. Aunque en el caso de Frei se iba más allá con propuestas en la línea de desarrollar una política industrial desde ese ministerio, lo concreto es que hay un punto de partida común que puede explorarse con posibilidades de éxito. En cuanto a modernización del Estado, los dos programas contemplaban una agencia de evaluación ex post de las políticas públicas; aunque diferían respecto de la dependencia de dicha agencia – Piñera proponía que fuera autónoma, en tanto Frei que fuera parte de la DIPRES – lo cierto es que el propósito compartido de mejorar el foco y la gestión de los programas del Estado debiera ser lo relevante para llegar a acuerdo en esta materia también. En innovación había coincidencias relevantes, por ejemplo en términos de buscar la manera de hacer más operativa la ley que facilita la inversión en R&D de las empresas a partir de una rebaja de impuestos. En educación, hubo coincidencia en la oportunidad de instalar en regiones liceos de excelencia que replicaran el modelo del Instituto Nacional para fomentar el acceso de estudiantes potencialmente talentosos a una instrucción de calidad. En fomento a la inversión, había amplio consenso en revitalizar el mecanismo de concesiones de obras de uso público, especialmente ahora que una nueva ley, consensuada entre el actual gobierno y la Coalición por el Cambio, lo permite con una institucionalidad que deja más tranquilos a moros y cristianos. Por otra parte, la propuesta de Piñera en orden a implementar un esquema de depreciación acelerada entre 2010 y 2012 – que trae no sólo más inversión sino también maquinarias y equipos de mejor tecnología – tiene un precedente en una propuesta similar presentada por el ministro Velasco hace un par de años atrás con el mismo propósito.

También es el caso que varias de las propuestas del Presidente Electo se orientan en la dirección de fortalecer la red de protección social que articuló la actual administración Bachelet. Por ejemplo, en lo inmediato el “bono marzo” llegará en un momento clave para muchas familias de ingresos bajos y medios, tanto por los gastos típicos de ese mes – escolares principalmente – como porque se anticipa al invierno que habitualmente trae una mayor escasez de empleos, agravado en la actualidad por la alta tasa de desempleo. El bono marzo es, además, la primera piedra del ingreso ético familiar, política que es una variante muy similar a lo propuesto por la Comisión Meller en 2008, entidad convocada por la Presidenta Bachelet y que consideró el trabajo de diversos expertos de diferentes posiciones políticas. Parecería incoherente entonces una postura contraria a estas propuestas de parte de la Concertación y difícil de entender por quienes se ven directamente beneficiados por ellas, que son a los que apunta la red de protección social.

Con todo, sea que se llame la democracia de los acuerdos 2.0 o la democracia de la buena voluntad, todo el punto estriba en que estamos a poco más de un lustro de convertirnos en el primer país de esta parte del mundo que entra al club de las naciones desarrolladas, en el contexto de una democracia consolidada. El logro de ese objetivo es una meta de Estado a estas alturas y sería una insensatez quemar el pan en la puerta del horno por simples cálculos políticos. Esta es la década del bicentenario, ¿qué mejor que remar todos en la misma dirección?

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A fin de cuentas, ningún presagio catastrófico se cumplió y al poco andar, se ganó confianza entre los sectores políticos inicialmente contrarios, que creció en forma similar al ritmo al que el país progresaba social y económicamente. Esto por cuanto, los objetivos que la Concertación arguyó para acabar con la Dictadura terminaron por tener sentido para la gran mayoría de la población, a lo que se sumó el respeto ganado por el nuevo gobierno una vez que demostró ser capaz de mantener lo bueno que dejó el gobierno anterior.Hoy muchos de los que antaño celebraban el derrocamiento democrático de la Dictadura realizan predicciones oscuras para Chile ante la eventualidad de perder la elección presidencial. Así, surge nuevamente el argumento del terror, arropado en la desconfianza en las capacidades del adversario para proteger lo bueno de los últimos 20 años de gobierno, y en la sombra de la Dictadura.

Pretender ganar una elección planteando que el gobierno del adversario político llevará a Chile a un retroceso económico y social, revela una inusual pobreza en la propuesta de la Concertación. Esto, por cuanto su uso indica que ella perdió la capacidad de proponer objetivos superiores, generalmente ignorados por sus contendores, empáticos con el sentir de la ciudadanía.  Por el contrario, cayó en el triste juego de levantar la estabilidad como un mal menor.

Las predicciones de la carrera presidencial actual favorecen a la oposición y le abren novedosas proyecciones de cara al 2014. Esto por cuanto la oposición de hoy es muy distinta que la de inicios de la década de 1990. En efecto, en el discurso de campaña ha utilizado varias ideas de la Concertación y se muestra dispuesta a incluir a ex concertacionistas en el eventual gobierno.

Además de lo anterior, la voluntad de proyectarse positivamente para una nueva elección asegura que, de ganar la actual oposición, se deberá esmerar en respetar lo bueno del legado de la Concertación, acopio de ideas arraigado en el sentido común nacional. Esto sin duda ata los compromisos de campaña con los años de gobierno y desacredita el terror como un argumento relevante. Así, el votante más que preguntarse por los eventuales retrocesos del nuevo gobierno, tendrá que fijarse en cuáles son los avances comprometidos y cuanto de lo malo de hoy cambiará para mejor.

Es un hecho que Chile necesita más competencia política, lo que sin duda requiere que las coaliciones políticas confíen más en las capacidades de las otras, para entender que el voto de las personas no se gana sembrando terror sobre el contendor, sino que prometiendo un mejor futuro, entre otras cosas. En este sentido, la alternancia en el poder ayudará a acelerar cambios culturales extremadamente necesarios para focalizar la discusión política en los desafíos que le quedan al país en materia de desarrollo económico y social, porque se dejará de perder el tiempo en oscuro esoterismo político.

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El juego del lenguaje es interesante, porque el freismo aprovecha la connotación positiva que tiene el término progresista en la mente humana y en el votante medio (¿quién puede plantearse como contrario al progreso?) y evita usar un concepto que les identifica más claramente, como es el de centro-izquierda, en vista de la creciente desafección ciudadana con la política tal cual se le ha concebido tradicionalmente en su división ideológica entre la izquierda y la derecha. Y cuando se refiere a la oposición, habla sin ambages de “la derecha” y “las fuerzas conservadoras”, lo que reditúa en cuanto a simpatía ciudadana porque el término “derecha” es más impopular que “izquierda” en Chile y porque la población de nuestro país se ha ido haciendo crecientemente menos conservadora junto a la globalización y las tendencias seculares que dominan al mundo desarrollado.

El discurso del candidato opositor apela al cambio, el futuro y la esperanza, como forma de asimilar el progreso – y el progresismo - a su postura y situando a los “conservadores” o “retógrados” en la Concertación, en cuanto a que no quieren dejar el poder los mismos que han estado gobernando en los últimos veinte años. Pero hay más, porque también con el propósito de acercarse al votante medio, la plataforma de Piñera es mucho menos de derecha que lo que habitualmente se asocia al término – “neoliberalismo en lo económico y conservadurismo en lo social”, para caricaturizar. Su posición en cuanto a fortalecer la red de protección social a través de subsidios varios y extenderla a la clase media, con propuestas concretas, ha terminado descolocando a sus detractores y silenciando a algunos partidarios más cercanos a una ortodoxia económica liberal.

¿Es esta plataforma de Piñera una copia de los postulados del autodenominado “progresismo”?  Decir esto es un símil  a la aseveración de que las políticas de los gobiernos de la Concertación en lo económico son una copia de aquellas instauradas por Pinochet hace 30 años. Lo que hay, en rigor, es un aprendizaje inteligente de la clase política chilena de lo que son las fórmulas eficaces para avanzar hacia el progreso sin que nadie se quede definitivamente atrás. Es cierto que hay diferencias, e importantes, entre las visiones de ambas candidaturas, pero despejado el polvo de la contienda electoral, la sensatez debiera primar en el gobierno siguiente, cualquiera sea. Personalmente creo que una administración de Piñera pondría los énfasis correctos en aquello que ha fallado la Concertación en la última década: reponer el aporte de la productividad al crecimiento de la economía y, por consecuencia, a la generación de empleo. Y por eso mi apoyo a su opción. Pero no veo que un eventual – e improbable –gobierno de Frei vaya a alterar las bases de la economía de mercado. Así como no veo a Piñera desmantelando la red de protección social.

Mi segunda reflexión se relaciona a la primera. He escuchado frecuentemente de parte de economistas de la Concertación que el manejo de la crisis reciente por parte del gobierno de Bachelet ha sido impecable – opinión muy debatible ciertamente – y la comparan con la forma en que la administración Pinochet enfrentó la crisis de 1982-83, señalando que aquella fue una demostración de cómo los “economistas de derecha” lo habrían hecho 27 años después. Que esa vez se cortaron las pensiones, que se dejó aumentar el desempleo hasta el 30%, que se permitió una quiebra masiva de Pymes, que el PIB cayó un 15%, etc. Esto es tremendamente injusto, equivalente a haber, en su momento, señalado que el gobierno de Lagos o el de Bachelet iban a aplicar políticas como las de Allende en los 70s. Es decir, algo así como una campaña del terror. La economía chilena es hoy muy diferente a la de 1982-83, en cuanto, por ejemplo, a sus políticas fiscales, monetarias, cambiarias y financieras, y permite enfrentar las crisis como la reciente de un modo muy distinto a cómo se hizo para la crisis de comienzos de los ochenta o para la crisis asiática – de hace una década. También se aprende de los errores, y de eso da fe la diferencia en cómo se abordó esta crisis en relación a la crisis asiática durante el gobierno de Eduardo Frei. Pero más importante que todo es que los equipos que tendrán a su cargo la gestión económica del gobierno de Piñera no son iguales a los de 27 años atrás. Más allá de un tema de edad y generacional, el ánimo es construir hacia futuro con metas ambiciosas – se pretende que Chile alcance el umbral del desarrollo hacia 2018 – pero con políticas pragmáticas que contemplen, entre otras cosas, la administración de una eventual – y ojalá improbable - crisis internacional echando mano a políticas contracíclicas sin complejos y ataduras.

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Es posible que esta frase la haya Ud. escuchado ya en otra parte, a propósito de la segunda vuelta electoral a realizarse el 17 de enero. Y seguramente la fuente es el comando del senador Frei. A título estrictamente personal – es decir, sin involucrar para nada a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile – quiero argumentar que la frase es totalmente correcta: es imprescindible, por el bien de Chile, que el ganador sea Sebastián Piñera. Le voy a explicar por qué creo esto.

Para ser justos, lo que ofrece la candidatura Frei en su programa de gobierno no es desde ningún punto de vista disparatado, como para pensar que, si el senador es elegido presidente y se atiene a lo prometido, vaya a generarse un caos o desgobierno, o que el país vaya a sufrir alguna calamidad autoinducida. Hay un diagnóstico correcto, por ejemplo, al reconocer el gran déficit de productividad que presenta desde hace diez años nuestra economía y la necesidad que de ahí sigue en orden a mejorar la calidad de la educación (capacitación) y de incrementar sustancialmente la innovación. Pero muchas de las políticas propuestas no apuntan en la dirección correcta, posiblemente por razones ideológicas. Por ejemplo, se habla de fortalecer la educación pública en circunstancia que el objetivo de mejorar la calidad de la educación es mejor servido con un apoyo más decidido a la educación subvencionada en general, sea pública o privada, pues ambas están a cientos de kilómetros de distancia de la educación impartida en países a los que pretendemos parecernos, como Nueva Zelandia, Australia, o Irlanda. En cuanto a innovación, emprendimiento y crecimiento, la mayor novedad estriba en la transformación del Ministerio de Economía en un “Ministerio de Desarrollo”, bajo la premisa de que es necesario activar políticas de desarrollo sectorial. Lamentablemente, la experiencia internacional indica que tales políticas, en las que funcionarios públicos deciden qué sectores fomentar y cuáles no, terminan fracasando porque se alejan de los requerimientos que imponen los mercados, especialmente hoy en que éstos están globalizados.

El programa de Frei hace otras dos propuestas que son, a mi juicio, preocupantes de cara a las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país. La primera es una reforma a la Constitución que pretende “sentar las bases de un Estado Social y Democrático de Derecho”, con el fin, entre otros, de proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Hemos de suponer que son nuevos derechos, diferentes a los que consagra la actual Constitución, pero ¿cuáles? ¿Un derecho constitucional al empleo, por ejemplo? ¿O a una remuneración “justa”? Los economistas sabemos que es esencialmente voluntarista luchar contra las realidades de mercado en estas materias y que la mejor política es la de propiciar el incremento del capital humano de la gente si se quiere alta empleabilidad y remuneraciones más elevadas. Además, aunque no está en el programa, hay quienes desde la Concertación han planteado eliminar el concepto de Estado “subsidiario” de la Constitución, lo cual retrotrae el rol del Estado a la década de los cincuenta, permitiendo su participación en actividades productivas diversas, entre otras cosas.

La segunda propuesta es una reforma al Código del Trabajo. Uno de los planteamientos preocupantes es el de la instauración de un “diálogo estratégico permanente entre empresarios, trabajadores y Estado para concordar caminos…”. ¿Qué significa esto? Suena como a un modelo europeo centralizador de las relaciones laborales, que involucra al Estado como mediador, con un efecto potencialmente devastador en las PYMES. También se postula un nuevo régimen laboral para los empleados públicos, lo que entiendo supone otorgar a estos trabajadores derecho a huelga. Ello es un contrasentido con la inamovilidad de la que gozan los empleados del Estado y podría acarrear una caída importante en la calidad del servicio a los ciudadanos que prestan las entidades estatales.

En definitiva, hay un sesgo hacia “más Estado” – y tal vez “peor Estado”  si se aplica mal.  Las propuestas de Piñera, en cambio, fortalecen el rol subsidiario del Estado a través, por ejemplo, del aumento de la subvención escolar, del otorgamiento del “bono Auge” – que es una suerte de voucher para la atención de salud –, de la simplificación de los subsidios a la vivienda y de la implementación del Ingreso Ético Familiar (subsidio monetario sustancial a las familias de menores ingresos). En lugar de escoger sectores productivos a los que apoyar, el programa de Piñera se concentra en el fortalecimiento de las PYMES, del fomento a la innovación en general (en cualquier sector), de estimular la inversión privada sin importar qué sector la hace y de estimular la provisión de infraestructura de uso público. Y en materia laboral, las propuestas del candidato de la Coalición por el Cambio apuntan a facilitar la participación de mujeres y jóvenes, y a una negociación al interior de las empresas que comprenda diversos aspectos de la relación laboral, más allá del salario, como horarios, jornadas parciales y trabajo a distancia.

Finalmente, a las propuestas de Frei les pesa la historia reciente de despilfarros, políticas mal enfocadas y preeminencia de operadores políticos en la administración pública. En contraste, la candidatura de Piñera puede creíblemente comprometerse con una gestión de calidad avalada en la cultura de eficiencia que trae este candidato desde el sector privado. Aunque fuera solo por esto, no da lo mismo quien gane el 17 de enero.

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La regla fiscal busca ajustar el nivel del gasto público anual a los ingresos “estructurales” (de largo plazo) del gobierno central, de modo que el balance “estructural” alcance una cifra específica como porcentaje del PIB. Entre 2000 y 2008 la meta fue un 1% del PIB de superávit “estructural”, en tanto que en 2009 se arrancó con una meta de 0,5% del PIB, la misma que luego se ajustó a 0% del PIB. Esta última se ha mantenido para el presupuesto 2010.

En la aplicación de la regla se distinguen dos períodos; en el gobierno de Lagos la regla se validó y se siguió rigurosamente, y las propuestas de gasto se ajustaron a las proyecciones de ingresos de largo plazo; en la actual administración, se han aplicado fórmulas contablemente creativas que dan la impresión de que se ha buscado más ajustar la fórmula de calcular los ingresos y la propia meta a un gasto deseado a priori, que al revés.  De paso, la regla ha perdido gradualmente transparencia y hasta relevancia.

La recesión de fines del año pasado exacerbó el abuso de la regla dado que, a todas luces, se requería de un impulso fiscal mucho más allá del que ella permitía. Por tanto, es necesario otorgarle al instrumento un cariz más marcadamente contracíclico que lo que hoy ofrece.

Una fórmula que ha planteado Sebastián Piñera es introducir un concepto de gasto transitorio destinado a programas fiscales de empleo directo cuando la tasa de desocupados supere un umbral socialmente intolerable (por ejemplo, 10% a nivel nacional, tasa desestacionalizada, en un promedio móvil de tres meses). Estos programas podrán tener también umbrales regionales o comunales, y se desactivarían cuando la tasa de desempleo alcance sostenidamente (más de 6 meses) tasas inferiores a 7%. A diferencia de lo que contempla el art. 2 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, esta propuesta no se basa en reasignaciones presupuestarias, sino en recursos adicionales. Pero el gasto transitorio no formaría parte del cálculo de balance estructural.

Una medida adicional es considerar, como en 2009, que las rebajas transitorias de impuestos y las reducciones (también temporales) en las retenciones de impuestos -como en los PPM - también sean excluidas del balance estructural, pero con una temporalidad que no supere los tres años. El regreso a las tasas de impuesto de régimen debiera, además, hacerse en forma gradual, para no dañar innecesariamente a los contribuyentes.

Aunque el Estado chileno goza hoy de una posición sólida en materia de deuda pública y, por tanto, podría darse el lujo de postular una meta estructural negativa por varios años, la necesidad de mayor deuda que eso implicaría, o el uso de los recursos actualmente en el Fondo de Estabilización Económica (que están en dólares), podría provocar efectos indeseados sobre las tasas de interés o sobre el tipo de cambio. Así, parece prudente ceñirse  a una meta de 0% del PIB de resultado estructural.

Por último, Piñera postula que el cálculo del balance estructural sea plenamente transparente y verificable, a diferencia de los últimos años. Se haría una presentación pública oportuna del detalle de los cálculos que informan su cumplimiento tanto ex ante como ex post, los que podrán ser verificados por expertos y analistas con total apertura. Además, se propiciará que los proyectos de ley que incrementen el gasto fiscal o reduzcan los impuestos presenten un informe que demuestre la compatibilidad de lo propuesto con la meta de balance estructural, debiendo el ministro de Hacienda reportar al Senado y a la opinión pública las razones de cualquier desviación y las medidas para corregirla.

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Tal como han evolucionado las cosas desde entonces en Chile y en el mundo, hoy las perspectivas apuntan a una performance de la economía de nuestro país que podría ubicarse perfectamente en la cota superior del rango proyectado por el Banco Central, es decir, 5,5%. Y tal vez más. Nada exuberante, pero sí un primer peldaño positivo hacia tiempos mejores.

¿Cuáles son las razones? En primer término, porque se ha ido configurando a nivel global un escenario post crisis que podría sorprender por lo positivo, no tanto en comparación con recesiones anteriores – pues esta vez la salida será de todas formas más lenta que en el pasado – sino que en relación a las sombrías expectativas que se tenían hasta no mucho tiempo atrás. En efecto, no sería extraño que el crecimiento mundial en 2010 supere el 4%, con base en un crecimiento particularmente fuerte de las economías emergentes (8% en Asia, 4,5% en América Latina) y a pesar de una expansión de las economías desarrolladas que no superará el 2,5%. Esta forma de desacople entre las emergentes y las desarrolladas radica en el dinamismo de China e India, el que ya ha tenido efectos notorios en los precios de los commodities para suerte de América Latina, Chile incluido.

Un segundo factor es la impresión cada vez más generalizada entre los inversionistas globales de que, en esta crisis, los países emergentes, tanto los más relevantes de América Latina como varios de otras latitudes que sufrieron hace una década con la crisis asiática, han hecho bien las tareas en materia de política económica y han podido sortear la recesión global razonablemente bien. La acumulación de reservas cuando los precios de los commodities estuvieron anormalmente altos (hasta mediados de 2008) ha evitado a estos países la necesidad de recurrir a financiamiento externo justo cuando no lo hay (hubo) en el mundo y les ha permitido seguir una política fiscal expansiva para palear la recesión. A esto se suma la consolidación de tasas de inflación bajas apoyadas por bancos centrales independientes. Con ello, las economías emergentes parecen hoy sujetos de crédito e inversiones mucho más sólidos que en el pasado, con un potencial de crecimiento interesante. Que las bolsas de países como Brasil, Chile, Singapur, Indonesia y Corea hayan subido como lo han hecho durante el año ya es un reflejo de lo anterior.

Nuestro país puede beneficiarse entonces de un flujo sustancial de capitales el 2010, atraído por la condición general descrita anteriormente, más el aval que significa el elevado precio del cobre, actual y previsible en el mediano plazo. Es cierto que un recipiente natural de recursos externos es la minería del cobre, pero  el comercio, el sector financiero, los mercados inmobiliarios – particularmente la construcción comercial y de infraestructura – y los servicios en general también debieran ser beneficiados. A estos se suma el sector energético, que corre por un carril propio. Aparte de la abundancia de liquidez que traerían los mayores fondos externos, y tal vez como consecuencia de ello, el peso consolidaría la fortaleza que ha estado mostrando en semanas recientes – para desgracia de los sectores exportadores – pero apoyaría la aceleración de la demanda interna, especialmente de la inversión. La recuperación de la actividad económica sería un detonante de mayor crédito y fondos disponibles desde la banca local, la que ya ha comenzado un proceso de creciente disposición a prestar.

Tercero, los prospectos de inversión que muestra el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital apuntan a un crecimiento en la inversión en construcción para 2010 del orden de 20%, de los que poco más de 36% corresponde a minería y cerca de 37% a energía. Pero también en los nuevos proyectos ingresados destaca un total de US$ 643 millones de inversión en proyectos industriales. Según estimaciones recientes de la Cámara Chilena de la Construcción, la inversión en construcción el próximo año podría crecer entre 6,2 y 9,2%, como consecuencia de un importante aporte de la inversión en infraestructura privada, de un interesante repunte en las concesiones y de un incremento sustancial de la construcción de viviendas con subsidio. La inversión en maquinarias y equipos debiera expandirse a tasas de dos dígitos luego de la significativa caída observada en 2009.

Finalmente, el estímulo monetario implementado por el Banco Central durante la primera mitad de este año debiera sentirse con más fuerza en el curso del próximo, según los rezagos habituales de los efectos de esta política. Este estímulo continuaría en 2010, según lo anunciado por las propias autoridades del ente emisor.

Esta mirada optimista de lo que pudiera ocurrir en 2010 no está exenta de riesgos. Más allá de la posible – aunque cada vez más improbable – recaída que pudiera experimentar la economía mundial, el aumento en la carga tributaria y la menor expansión relativa del gasto fiscal previstos para el próximo año podrían ser un elemento de retracción de la demanda interna. A su vez, si la creación de empleo, especialmente en el mercado formal, no se reanima, el consumo podría verse afectado. Por eso, es muy importante que, para mantener el momentum de la recuperación, se revisen particularmente los incrementos de impuestos ya establecidos (timbres y estampillas, PPM) y se amplíen los programas de empleo con apoyo estatal.

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La meta respecto del PIB per cápita se alcanzaría si crecemos entre 2010 y 2018 a una tasa promedio anual de 6%, nada fácil pero no imposible. Lo primordial es apuntar a una recuperación del aporte de la productividad al crecimiento, el que en la época dorada (1986-1996) superó los tres puntos porcentuales, casi la mitad del crecimiento del PIB en el período. En los últimos cuatro años, dicho aporte no sólo se ha reducido, sino que es derechamente negativo (-0,5 puntos porcentuales). Piñera ha planteado como propósito que la productividad contribuya con 1,5 puntos porcentuales, lo que obviamente requiere de una serie de políticas a favor del emprendimiento, la innovación, la oferta diversificada de energía, así como de la promoción de la competencia y de la flexibilidad de los mercados. Si tomamos como referencia el período de Ricardo Lagos (crecimiento promedio de la economía de 4,3% anual), en cuanto a la contribución de la inversión y el empleo, el aumento en el aporte de la productividad a 1,5 puntos elevaría la tasa de expansión del PIB sobre 6%.

El programa de gobierno de Piñera es muy ambicioso en cuanto a seguridad ciudadana, gasto social y emprendimiento más innovación. Los recursos públicos contemplados para estas áreas prioritarias son también cuantiosos, pero abordables. El programa más caro, sin duda, es el que postula duplicar la subvención educacional gradualmente entre 2010 y 2018, con una expensa de más de US$ 1.600 millones adicionales en 2013. Esto significa más de un tercio del total de recursos contemplados en el programa de nuevos gastos para ese año. Pero esta inversión adicional no debe traspasarse sin cambios profundos en el Estatuto Docente, de modo de modernizar la estructura de incentivos en la carrera docente, mejorando sustancialmente las rentas de los buenos maestros y permitir a los más antiguos una salida digna del magisterio. Al final del día, un incremento tan importante de los recursos de los contribuyentes destinados a la educación subvencionada no puede sino venir de la mano de resultados concretos de una mejor calidad de esa educación, la que pasa, entre otras cosas, por mejorar la gestión de las escuelas y liceos.

Un segundo ítem “gordo” en materia de recursos adicionales es el programa de ingreso ético familiar, que es básicamente un subsidio monetario a los hogares más vulnerables y pobres de modo que ninguna familia tenga un ingreso inferior a $ 250.000 mensuales. Aunque este programa va a absorber a otros ya existentes, de todos modos requiere de dineros fiscales frescos, los que rondarían los US$ 800 millones anuales hacia 2013. En 2010, si incluimos en esta línea el “bono marzo” ya comprometido, la cifra se empinaría a los US$ 500 millones. También es relevante financieramente hablando el propósito de extender los programas de subsidio al empleo a mujeres y otros grupos vulnerables, aunque sería éste solo un esfuerzo temporal (bajo la premisa que el desempleo se reduce sustancialmente hacia el año 2012) que implicaría una erogación de unos US$ 175 millones en 2010 y 2011.

Siguiendo en el área social, en salud el programa de Piñera plantea la construcción de diez nuevos hospitales construidos por el mecanismo de concesiones – que no implican recursos públicos directamente - y de 76 consultorios que, más la refacción de hospitales existentes, demandarán una inversión total de casi US$ 500 millones en el período de gobierno, a lo que hay que agregar mayores gastos por unos US$ 570 millones anuales en 2013 por concepto de operación de estas nuevas instalaciones más el “bono Auge” y  otros gastos recurrentes necesarios para garantizar una salud de calidad a los usuarios del sistema público.

En seguridad ciudadana se planea una inversión de recursos fiscales de más de US$ 650 millones en el período presidencial (poco menos de US$ 300 millones en 2013) para efectos de facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de la delincuencia, para tener 10 mil carabineros más en las calles y para la construcción y operación de centros de rehabilitación nuevas.

Finalmente, está considerada una inversión de más de US$ 500 millones en el período presidencial en lo que se ha denominado la “revolución digital”, que contempla una distribución masiva de “notebooks” entre niños de menores ingresos y un aumento sustancial en las conexiones de banda ancha con apoyo del Estado.

A la anterior lista de programas de nuevas inversiones en capital humano, se agregan también apoyos por la vía tributaria a las Pymes, como la extensión del beneficio de pagar impuestos sólo sobre utilidades distribuidas, la que implica una menor recaudación de unos US$ 180 millones en 2013; el estímulo a la inversión privada, hoy tan deprimida, por la vía de aplicar el mecanismo de depreciación acelerada entre 2010 y 2012, lo que requiere poco más de US$ 300 millones en total; y la reducción del impuesto de timbres y estampillas, una verdadera traba al crecimiento y al acceso de las Pymes a condiciones más competitivas de crédito, desde 1,2% a 0,6%, lo que acarrea un gasto tributario adicional de alrededor de US$ 250 millones anuales en 2013.

Un mayor crecimiento económico, una reducción de la evasión tributaria y, especialmente, un uso más eficiente de los recursos (es decir, una mejor gestión del aparato estatal que permitiría ahorros en torno a los US$ 1.300 millones hacia el 2013), permitirán al fisco obtener los dineros requeridos para este ambicioso, pero muy necesario, programa.

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